Cerrojazo al Defensor
En los nueve años de andadura han tramitado unas 11.000 quejas y más de 10.000 consultas.
La institución que preside José Manuel Martínez Cenzano encara la recta final. Así es el día a día del organismo, y así viven sus trabajadores el inminente cierre
A penas unas horas antes de que en el pleno de las Cortes regionales, el pasado jueves, se certificase el 'acta de defunción' de la institución del Defensor del Pueblo, en Albacete amanecía un día gris amenazando con ponerse a jarrear en cualquier instante. Pero ni la jornada otoñal en ciernes, ni la cercanía del pleno en el que oficialmente se iniciaban los trámites que culminarán, más pronto que tarde, con la eliminación del Defensor del Pueblo en Castilla-La Mancha, hicieron que en la sede de la institución en la calle Feria variase la actividad laboral.
Sin perder la sonrisa, aunque con evidente preocupación, la treintena de trabajadores que conforman la plantilla del Defensor se afanaban en lo suyo: en atender al ciudadano, tramitar expedientes y estudiar las quejas y consultas que reciben.
Un trabajo constante desde que en 2002 se crease esta institución, cuyas
primeras instalaciones se ubicaron en la oficina central de CCM pasando posteriormente a la Plaza del Altozano, para acabar convirtiendo la Casa Perona en su hogar definitivo.
En su primer mes de vida este órgano, nacido fruto del consenso con vocación de velar y proteger los derechos y libertades de los ciudadanos frente a la actuación de las administraciones, tramitó 60 consultas. Por aquel entonces la institución tenía nombre de mujer, ya que comenzó siendo la Defensora del Pueblo de Castilla-La Mancha al ser su primera titular la juez Henar Merino. Ésta tomaba posesión un 13 de mayo de hace ahora ya nueve años.
Las consultas y las quejas tramitadas, las resoluciones dictadas y los informes elaborados se han ido multiplicando en este tiempo en el que el Defensor del Pueblo, ya que la institución cambió de género cuando al frente de ella se designó en 2007 a José Manuel Martínez Cenzano, ha ido creciendo.
El que fuese alcalde de Cuenca, entre otros muchos cargos como destacado dirigente socialista regional, cifra hoy en 3.441 los expedientes (incluyendo nuevos y otros de ejercicios anteriores en los que aún se trabaja) tramitados el año pasado. Desde la institución apuntan que a lo largo de toda la andadura de la institución del Defensor del Pueblo se han recibido y atendido unas 11.000 quejas y más de 10.000 consultas.
Durante mucho tiempo las áreas de sanidad y educación han centrado el grueso de las quejas y consultas que llegaban hasta la Defensoría. Aunque a medida que el escenario social y económico ha ido cambiado la tendencia también se ha modificado. En el informe de 2010, que ni siquiera ha sido defendido ante las Cortes regionales, encabeza el ranking el empleo público.
La vivienda y los aspectos urbanísticos son otra de las áreas que más trabajo generan. Quien mejor lo sabe es el asesor jurídico en Obras, Urbanismo y Vivienda, Pablo Manuel Simón. Ante una mesa abarrotada de expedientes, trabaja en la tramitación de un expediente sobre al corte de un vial público que impide el acceso a sus parcelas a varias personas.
«Acabamos de dictar una resolución porque entendemos que hay un déficit absoluto en vivienda social para la gente que se queda sin casa. Es un problema que nos preocupa mucho», apunta Simón.
Una cuestión en la que incide el propio Martínez Cenzano quien lamenta que el tiempo haya jugado en contra a la hora de poder trabajar más en materia de desahucios y de la desprotección que genera en muchos la ley hipotecaria.
Con normalidad
Como el resto de los trabajadores de la casa, Pablo Manuel trata de que la espada de Damocles que pende sobre la institución no condicione su labor del día a día. «No es lo mismo trabajar sabiendo que vas a poder terminar y resolver un problema, que la situación en la que nos encontramos. Nosotros tramitamos las quejas con total normalidad», dice este asesor que lleva en la institución desde 2004.
José Manuel Piqueras es el responsable de Atención al Ciudadano y del Registro. Es uno de los trabajadores más antiguos del Defensor del Pueblo, de hecho lleva en este órgano desde sus inicios. Junto a Loli y Marga, atiende personal o telefónicamente a los ciudadanos cuando llegan.
«En muchas ocasiones se trata de escuchar, podamos o no ayudarles. Se trata de ser los oídos y el corazón de la casa para poder ver el problema y orientarles en caso de que todavía puedan dar pasos para poder resolverlo. O si entra en nuestras competencias nosotros iniciamos el trámite», argumenta recordando que quienes llegan hasta el Defensor, en no pocas ocasiones, lo hacen «desorientados y angustiados».
José Luis es el más veterano en la oficina del Defensor, es funcionario y llegó desde Toledo en 2002. Él se ocupa «del apoyo técnico de la institución y de controlar el sistema logístico de la casa».
A este trabajador, que ha anclado su vida personal y profesional a la ciudad cuchillera, no le duelen prendas decir lo que piensa respecto a la supresión. «Parece que estorbamos», se lamenta indicando que con el tiempo el ciudadano verá la importancia de la calidad que da la cercanía en este servicio. Algo que con la eliminación del mismo, considera que se perderá.
No obstante, insiste en que «las decisiones políticas las toma quien gobierna la Región en un momento determinado», pero que los trabajadores de este órgano no pueden estar pensando en esas cosas en su día a día.
Hasta el Defensor del Pueblo no solo llegan quejas o consultas. También abre quejas de oficio e investiga determinados problemas cuando conoce de ellos, aunque no exista reclamación. Son las denominadas «quejas silentes».
Cenzano presume además del alto nivel de respuesta que han logrado. Señala en torno al 70 u 80% el porcentaje de resoluciones aceptados por las instituciones.
El Defensor del Pueblo además se ha dotado de una herramienta pionera. Consideraron que había que hacer un seguimiento para comprobar si el problema en cuestión que les llevó a emitir una recomendación o dictamen se resolvía definitivamente. Para ello a los tres meses vuelven a abrir el expediente y se ponen en contacto con usuario y administración para comprobar si ésta ha cumplido.
En las próximas semanas todo ello pasará a formar parte de un capítulo cerrado de la historia de las instituciones de la Región. Desde el Ejecutivo autonómico, la presidenta María Dolores Cospedal ha defendido que la supresión del Defensor supondrá un ahorro de tres millones de euros, mientras que Martínez Cenzano ha argumentado que esta institución solo cuesta un euro al año a cada castellano-manchego. También se ha hablado de duplicidad en las funciones que realizan con respecto al Defensor estatal. Pero Cenzano defiende que el suyo es el terreno regional y que ese ámbito no esta cubierto por su homólogo nacional. Las alegaciones y enmiendas presentadas de nada han servido para revertir la crónica de una muerte anunciada.
http://www.laverdad.es/albacete/v/20111030/albacete/cerrojazo-defensor-20111030.html