La 'costa manchega' tendrá papelesEl nuevo plan de urbanismo agilizará el proceso y unirá las urbanizaciones con la ciudad
El proceso de regularización ha llegado a más de 400 parcelas de siete urbanizaciones que ya cuentan con servicios básicosCorrían los años sesenta. Muchos españoles empezaban a gozar de un poder adquisitivo aceptable después de años de penurias en los primeros años de la dictadura franquista y tras la Guerra Civil. Las carreteras se llenaban de coches camino de las playas de Levante y empezaron los grandes desarrollos urbanísticos en la costa como ocurrió en Benidorm o en Marbella.
Aunque las condiciones económicas habían mejorado, no todos podían permitirse el lujo de marcharse cada verano a pasar unos días a la playa, y Albacete también vivió su particular fenómeno urbanístico, eso sí nada comparable a aquello de las localidades costeras, ya que fue mucho más modesto.
Fueron muchos los que empezaron a comprar parcelas a las afueras de la capital y a construirse una pequeña vivienda, como segunda residencia, en la que pasar la época estival lejos del mundanal ruido de la ciudad.
Pero lo que empezó a finales de los años sesenta como un fenómeno a pequeña escala, con el paso de los años se fue convirtiendo en un gran problema para el Ayuntamiento de Albacete que veía como proliferaban por todos los rincones de la capital urbanizaciones al margen de la legalidad y sin ningún tipo de control.
Un terrenito
Fueron muchos los que compraban un terreno y comenzaban a construirse su vivienda, sin ningún tipo de licencia por parte del Ayuntamiento. Luego, una vez descubiertos, pagaban una multa y punto, pero la construcción seguía siendo irregular ya que no constaba escritura de propiedad en ningún sitio, ni contaba con los servicios más básicos como acceso al agua potable de la red (se extraía de pozos), al alcantarillado o la recogida de basuras. «Era como se hacían las cosas antes», reconoce la presidenta de Huerta de Monroy, una de las urbanizaciones más antiguas de la capital, Francisca Honrubia.
Esa situación, que se prolongó poco a poco durante dos décadas, generó un entramado de urbanizaciones irregulares en la periferia de Albacete, especialmente en el entorno de la carretera de Jaén, aunque también surgieron por la carretera de Murcia, de Barrax, de Madrid o de las Peñas de San Pedro, que se convirtió en un problema de primer orden para el Ayuntamiento.
Y es que, además de carecer de los más mínimos servicios básicos como iluminación o alcantarillado, también se generaban problemas de seguridad porque las dimensiones de las calles (la mayoría sin asfaltar) no permitían el paso de camiones de bomberos y que llegara una ambulancia o un coche de policía se convertía en una auténtica aventura por lo enrevesado de los accesos. No fue hasta el año 2001 cuando el Ayuntamiento consiguió encontrar una solución relativamente aceptable, regularizar los centenares, miles de viviendas irregulares que habían ido surgiendo, contando para ello con el beneplácito de la Junta.
150 urbanizaciones ilegales
Entonces se estimó que en las inmediaciones de Albacete habían proliferado en torno a 150 urbanizaciones irregulares con una población estimada de 14.000 personas que tras el proceso de regularización podrían superar los 21.000 habitantes.
Este el proceso dejaba en manos de los propietarios su regularización. Eran ellos los que debían iniciar los trámites, pagar los costes de urbanización y ceder al Ayuntamiento la parte de terreno correspondiente para la dotación de servicios. Y precisamente estos dos últimos aspectos son los que han generado mayores reticencias entre los propietarios de las urbanizaciones irregulares.
«Poner de acuerdo a cien propietarios es muy complicado», reconoce el concejal de Vivienda, Agustín Moreno, que defiende la regularización de todas estas parcelas «da una seguridad jurídica que antes no tenían, pueden escriturar su casa, hipotecarla y transmitirla a sus hijos», asegura.
Reconoce que el proceso se dilata mucho «porque tienes que dedicar mucho tiempo y esfuerzo para convencer a los pocos propietarios que no están de acuerdo».
El proceso de regularización comenzó con mucho brío hace casi una década, cuando se presentaron una veintena de proyectos, pero la crisis económica parece haber echado el freno. Hasta ahora se han regularizado ya siete urbanizaciones de la periferia de la ciudad con más de 400 viviendas y un millar de habitantes. Dos urbanizaciones de la carretera de Mahora, Miralcampo y Campoalegre, fueron las que abrieron el melón de la regularización, y poco a poco se fueron sumando otras como Huerta Monroy, El Plantío II, Urbanización Centro o el Trigal, a las que se ha incorporado otra recientemente, Aguacampada o Las Culebras.
Además, hay otras dos cuyo inicio de las obras es inminente, Los Chospes y Los Prados, y dos más con una tramitación muy avanzada (Las Viñas, cuyo proyecto de reparcelación se elaborará este año; y Casas Viejas, cuyo plan de actuación urbanizadora se aprobará definitivamente en 2011).
Otra docena (Villarcampo, La Humosa, Riachuelos I y II, Calabacicas, El Peñascal, Los Prados 2, Molino de San Jorge, Los Manzanos, Santa Clara, Los Rosales y Cañada de Escartana) se encuentran en distintas fases de la regularización.
Entre las 23 urbanizaciones que se encuentran en fase de legalizar su situación dan cabida a 2.275 viviendas y a más de 6.000 vecinos, que tras el proceso podrían situarse en 9.000.
En este proceso se encuentran ya 3,7 de los casi 15,5 millones de metros cuadrados que se estima que componen las urbanizaciones irregulares en Albacete.
Frenazo por la crisis
«Ahora ya no tenemos el boom de otras épocas», reconoce el edil responsable del organismo que está tramitando la regularización, Urvial. Pero, el nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM) que tramita el Ayuntamiento de Albacete permitirá darle una nueva vuelta de tuerca al proceso de regularización «porque agilizará enormemente la tramitación ya que no tendrán que pasar por la Comisión Regional de Urbanismo». Además, el suelo sobre el que se asientan las urbanizaciones irregulares ya no será no urbanizable o rústico, como hasta ahora, sino que será urbanizable, lo que también permitirá un proceso más rápido.
El borrador del nuevo plan de urbanismo reconoce una excesiva atomización en el proceso de regularización que ha derivado en que las cesiones de suelo, obligatorias por parte de los propietarios, se han diseminado y no cuenten con la uniformidad necesaria para darle continuidad. Es por ello que establece la necesidad de contar con un plan especial para la regularización que permita dar una solución global para dar continuidad a las calles, para que pueda haber unas zonas verdes de cierta relevancia o que el suelo conseguido para equipamientos sea el suficiente para poder construir un centro sociocultural, sanitario o deportivo.
El nuevo plan también califica como urbanizable toda la zona que queda entre las urbanizaciones y el casco urbano propiamente dicho con lo que dará continuidad a la malla urbana, aunque se reduce la edificabilidad de baja al mínimo.
Y, ¿cómo han quedado las siete urbanizaciones que ya se han regularizado? El proceso de regularización ha conllevado la urbanización de toda la zona lo que ha permitido asfaltar y poner aceras en las calles, transformarlas para que tuvieran una anchura mínima de seis metros, dotarlas de alcantarillado, y de agua potable de la red y no de pozos como hasta ahora.
En líneas generales, los propietarios han quedado satisfechos del resultado de la urbanización, aunque no siempre ha sido lo esperado «especialmente porque somos nosotros los que lo hemos tenido que pagar», explica la presidenta de Huerta Monroy. Una de las quejas más repetidas en esta urbanización ubicada al lado de la Lonja a la salida de la carretera de Murcia, es que los propietarios se vieron obligados a ceder terreno para construir un parque que ahora apenas tiene mantenimiento «y cualquier día se pega fuego», asegura Manuel Toledo, uno de sus vecinos. «Ceder suelo para un parque en una zona en la que todos tenemos nuestras parcelas con árboles es absurdo», afirma la presidenta de la comunidad de propietarios que explica que como apenas tiene utilidad es utilizada por los jóvenes para hacer botellón. La presidenta de esta urbanización, una de las más antiguas, se lamenta de la gran cantidad de problemas que han surgido en el proceso pese a la gran cantidad de dinero invertido (ella ha pagado en torno a 24.000 euros). De hecho, recuerda que apenas unos meses después de terminar la urbanización empezaron a aparecer grietas en las aceras «que la empresa trató de arreglar poniendo silicona y después tuvo que cambiarla». Relata numerosos problemas que fueron encareciendo el coste como que el técnico encargado se equivocó ya que calculó la zahorra en metros cuadrados y no en metros cúbicos «y eso nos supuso un gasto adicional de 2.000 euros».
Una cara factura
Además, se lamentan del elevado coste de mantenimiento que deben asumir los propietarios, «y ello pese a que, desde la regularización pagamos nuestros impuestos igual que los vecinos del centro». De hecho ya han rebajado el número de farolas encendidas «porque nos subía mucho la factura».
Más contentos han quedado los vecinos de El Trigal que realizaron las obras de urbanización por gestión directa en lugar de a través del Ayuntamiento. «Nosotros elaboramos el proyecto y contratamos con las empresas», explica el presidente de esta urbanización que cuenta con un centenar de vecinos, José Fernández. Ello les permitió pagar un precio por metro cuadrado muy inferior al ofrecido por el Ayuntamiento «12,50 euros por metro cuadrado cuando lo que ellos hablaban de 20». La peculiaridad de El Trigal es que en su momento el propietario del terreno pensó construir una urbanización con todos los parabienes del Ayuntamiento e incluso pidió los permisos. Trazó las calles y delimitó las parcelas con sus servicios, pero el hecho de que afectara a una carretera nacional hizo que el proyecto durmiera el sueño de los justos en un cajón de la entonces delegación de Vivienda. «Pero estaba bien pensado porque nosotros no hemos tenido que tocar la anchura de las calles», reconoce.
Otros que están esperando son los vecinos de Casas Viejas que esperan que este año pueda recibir el visto bueno definitivo tras solucionar los problemas con los vertidos de agua que surgieron y tras superar gran parte de la farragosa tramitación burocrática. Incluso ya tienen el precio al que les costará el metro cuadrado, entre 14 y 16 euros por metro cuadrado, «pero el problema es que ahora no dan créditos para hacer las obras», reconoce su presidenta, Natividad Gómez Redondo.
La urbanización prevé además convertirse en un corredor ecológico junto a la capital con una gran zona verde, y mientras se dilata el proceso han conseguido pequeñas mejoras como el arreglo del camino del puente y la explanada en la que para el autobús escolar.
http://www.laverdad.es/albacete/v/20110313/albacete/costa-manchega-tendra-papeles-20110313.html
