Cada vez más ayuntamientos recurren a cámaras para combatir el vandalismoLos lectores de 'La Verdad' se muestran partidarios, de manera mayoritaria, a la utilización de sistemas de videovigilancia en las calles para prevenir delitosLos lectores de La Verdad parecen tenerlo claro, para ellos pesa más la seguridad y la prevención del delito, que el temor a que la instalación de cámaras de videovigilancia en las calles pudiera suponer una intromisión a su intimidad.
Al menos, así lo han dejado constar en la encuesta que a lo largo de este mes el diario ha realizado a través de su web, pues más de un 80% de los lectores que han votado defienden la instalación de este sistema de seguridad en la vía pública, una petición que surgió de los comerciantes tras el atraco que sufrió la céntrica joyería Mompó. No obstante, casi un 20% prefiere no sentirse siempre vigilado, por lo que defiende que no se instalen este sistema de grabación de imágenes de la vía pública, aunque ello pudiera suponer algo menos de seguridad.
El debate, sigue abierto, pues el Ayuntamiento de Albacete que, ante la petición de los comerciantes, anunció que estudiaría solicitar autorización para que el circuito cerrado de cámaras que ya funcionan para vigilar el tráfico pasasen a ser utilizadas para mejorar la seguridad ciudadana, todavía no ha cursado la solicitud formal ante la Subdelegación del Gobierno. Igual que tampoco lo ha hecho la Asociación de Empresarios del Polígono de Campollano (Adeca) que lleva tiempo estudiando un proyecto para controlar los accesos y vigilar el mayor polígono industrial de la ciudad.
Delitos y vandalismo
Esta práctica, la de la instalación de sistemas de videovigilancia para prevenir delitos y mejorar la seguridad, se está extendiendo. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, que a su vez preside la Comisión de Garantías de Videovigilancia, confirmó a La Verdad que cada vez son más las peticiones de autorización que les llegan, sobre todo de ayuntamientos, que quieren instalar estas cámaras fijas «no sólo para prevenir delitos, sino sobre todo para evitar actos de gamberrismo, daños al mobiliario urbano, pintadas en las fachadas o incluso otras actividades negativas como el consumo de alcohol o drogas en la vía pública».
La Comisión de Videovigilancia es el organismo que estudia todas las solicitudes que se plantean en Castilla-La Mancha para que la Policía Nacional o Local, o la Guardia Civil, utilice sistemas de grabación en espacios abiertos, aunque la última palabra la tiene la Delegación del Gobierno. No obstante, si el informe de esta comisión es desfavorable a la instalación de cámaras, la autoridad gubernativa no puede autorizarla; aunque al contrario sí, es decir, si el informe jurídico es favorable, la Delegación del Gobierno decide si autoriza o no a colocar estas cámaras. «Normalmente, -apuntó Rouco- el delegado del Gobierno siempre atiende a los informes de la comisión».
Además del presidente del TSJ, forman parte de la comisión de videovigilancia el Fiscal Jefe, un abogado del Estado y el secretario de la Delegación del Gobierno, que son asesorados por mandos policiales y expertos técnicos en la materia.
Vicente Rouco explicaba que la función última de esta Comisión de Videovigilancia es velar porque cuando se autoricen la instalación de cámaras, fijas o móviles, se haga dentro de los límites que marca la Ley 4/1997 que es la que regula esta práctica para proteger los derechos y libertades de las personas que pudieran quedar afectados por la grabación de imágenes, siempre y cuando esta grabación persiga unos «objetivos razonables» desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. Esos objetivos razonables no son otros que la prevención de actos delictivos, la protección de las personas y la custodia de personas y bienes que se entienda pudieran estar en peligro.
Así, esta Comisión de Videovigilancia se preocupa de comprobar que el fin para el que se va a instalar una cámara de videovigilancia es «legítimo» y que dicha cámara se usa para ese objetivo, y no para otra cosas. También, continuó Rouco, tienen que comprobar que los «medios [que se van a usar] sean proporcionados a los fines que se persiguen», para evitar que la vigilancia se convierta «en un pretexto para fiscalizar la vida y la intimidad de toda persona que circule por la vía pública o que se vaya a atentar contra la intimidad de las personas que tienen su domicilio próximo al lugar de vigilancia, evitando que se capten escenas privadas, porque todo el mundo tiene derecho a un espacio para su intimidad».
Policía o Guardia Civil
La Comisión de Videovigilancia, además, se encarga de certificar que estos sistemas vayan a ser manejados sólo por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no por particulares, y de otros aspectos, como que las imágenes que se hayan captado se destruyan en los plazos legales. Incluso, una vez instalado y autorizado el sistema de grabación, se comprueba que se han cumplido con los requisitos fijados por la Comisión de Videovigilancia y que se está haciendo un «uso correcto» del mismo.
El presidente del TSJ no quiso entrar a valorar el caso concreto, es decir, la petición formulada por los comerciantes, pues si la solicitud llega a plantearse la Comisión de Garantías que preside tendrá que pronunciarse. «Sé que hay una preocupación por parte de los comerciantes y que éstos se han dirigido a las autoridades que son las que tendrán que estudiar si lo que se plantea es razonable y encaja en la ley, antes de someterlo a la consideración de la comisión», explicó Rouco, que insistió en que lo que, de ninguna manera, es posible es la autorización a particulares para instalar cámaras en la calle.
«El fin puede ser muy lógico, pero también está la intimidad de las personas y lo que no se puede hacer es instalar un sistema de vigilancia privada», argumentó. Otra cuestión, son las cámaras dentro de los establecimientos privados, como pueda ser una tienda, que sí que pueden ser instaladas y usadas para vigilar, aunque las imágenes que graben están sometidas a lo establecido en la Ley de Protección de Datos.
http://www.laverdad.es/albacete/prensa/20080630/albacete/cada-ayuntamientos-recurren-camaras-20080630.html
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